En el NEXO SUMMIT 2026, realizado el 9 y 10 de setiembre, se presentó el estudio Agua, crecimiento urbano e inversión en el Perú: evidencia de ocho ciudades, encargado por la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) a GRADE. El análisis, basado en datos de 2017 a 2026, pone en el centro un desafío urgente para el desarrollo urbano: el acceso al agua potable.

En este encuentro, Guillermo Velaochaga, gerente general de Los Portales, moderó el panel “¿Quién financia el agua? Inversión privada y pública para el desarrollo urbano”, junto con José Antonio Salardi, director ejecutivo institucional de CODIP, y Hania Pérez de Cuéllar, exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Dos formas de enfrentar el crecimiento de las ciudades

El estudio describe un modelo reparador, asociado a la expansión informal: primero se ocupa el suelo y se construyen viviendas sin servicios básicos; luego, el Estado intenta cerrar las brechas. Según sus hallazgos, el 81 % de las nuevas viviendas no cuenta con agua potable.

Frente a este escenario, las urbanizaciones formales permiten aplicar un modelo preventivo. La planificación del suelo y la instalación anticipada de infraestructura de agua y saneamiento hacen posible que las familias accedan a estos servicios desde el inicio de su vida en el proyecto.

Los datos del estudio muestran que, aunque la expansión formal representa el 12,9 % de las nuevas edificaciones en las zonas de crecimiento analizadas, concentra el 68,2 % del acceso estimado al agua potable. Estos resultados ponen en evidencia el aporte que puede tener una planificación urbana que incorpore los servicios básicos desde el comienzo.

Inversión y eficiencia para llevar servicios a más familias

El análisis también compara la ejecución de obras locales necesarias para acercar el agua a los hogares, como redes, reservorios y conexiones domiciliarias. Según el estudio, una conexión cuesta alrededor de S/ 16,000 cuando la ejecuta el Estado y S/ 4,500 cuando la realiza el sector privado.

En cuanto a los plazos, las obras privadas consideradas en el análisis se ejecutaron en un promedio de 4,5 meses, frente a los 36 meses que suelen tomar proyectos públicos equivalentes. Estas diferencias muestran cómo la inversión privada puede contribuir a acelerar la provisión de infraestructura y ampliar la capacidad de respuesta ante el crecimiento urbano.

Un esfuerzo que requiere colaboración

La inversión privada no reemplaza la responsabilidad del Estado. El acceso sostenible a los servicios requiere coordinación entre ambos sectores y reglas que faciliten distintas formas de colaboración, como las asociaciones público-privadas y los mecanismos de obras o servicios por impuestos.

El panel también destacó la importancia de abrir espacio a modelos alternativos de participación privada que permitan aprovechar eficiencias y responder con mayor agilidad a las necesidades de las ciudades.

Planificar para mejorar la calidad de vida

En Los Portales creemos que hacer ciudad implica anticiparse a las necesidades de las personas. Por eso, desarrollamos proyectos formales con planificación e infraestructura de agua y saneamiento, como parte de nuestro compromiso con el crecimiento ordenado y el bienestar de las familias.